El Gobierno ha aprobado una moratoria en la aplicación de la nueva normativa de seguridad y accesibilidad de ascensores en la Comunitat Valenciana. Esta decisión responde a la excepcional situación provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la región el 29 de octubre de 2024 y que afectó gravemente a miles de infraestructuras, entre ellas miles de ascensores en edificios residenciales y públicos.
La nueva normativa, recogida en la Instrucción Técnica Complementaria AEM-1, ya está en vigor en el resto del territorio nacional desde julio de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido otorgar un plazo adicional de un año, hasta julio de 2026, para que la Comunitat Valenciana pueda centrarse en la reparación urgente de los ascensores averiados.
¿Qué implica esta moratoria?
La moratoria aprobada incluye tres medidas concretas que buscan priorizar la seguridad y la accesibilidad para las personas afectadas por la catástrofe:
- Prórroga hasta julio de 2026 para la aplicación de la nueva normativa en la Comunitat Valenciana.
- Ampliación del plazo para reparar deficiencias leves detectadas en inspecciones, que pasa de seis a doce meses.
- Liberación de más de 14.000 horas de trabajo especializado, que podrán ser destinadas de forma prioritaria a la reparación de ascensores averiados.
Estas medidas tienen un objetivo claro: recuperar lo antes posible el servicio de ascensores en las comunidades más afectadas por la DANA, especialmente aquellas con personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida.
El contexto: la DANA y sus consecuencias
El 29 de octubre de 2024, la DANA descargó lluvias torrenciales sobre numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. Las inundaciones dañaron instalaciones eléctricas, cuartos de máquinas y sistemas de control de miles de ascensores. De los 7.500 aparatos afectados, aproximadamente 1.000 seguían fuera de servicio a mediados de 2025.
Esto provocó una grave situación de aislamiento para muchas personas residentes en edificios de varias plantas. En numerosos casos, los residentes no podían salir de sus casas, con el consiguiente impacto en su calidad de vida y en su salud física y mental.
Frente a esta realidad, el Gobierno decidió que la prioridad debía ser la restauración del servicio esencial, y no la adaptación inmediata a los nuevos requisitos normativos.
¿Por qué era necesario este aplazamiento?
Los trabajos de reparación de ascensores tras la DANA se han enfrentado a varios problemas:
- Escasez de técnicos cualificados para afrontar una emergencia de esta magnitud.
- Retrasos en la llegada de piezas de repuesto, muchas de ellas fabricadas a medida.
- Infraestructura dañada de forma compleja, con elementos eléctricos o mecánicos inutilizados por la entrada de agua y lodo.
- Necesidad de priorizar los casos más urgentes, como los de personas con dependencia funcional.
La entrada en vigor de la nueva normativa implicaba, además, una serie de actuaciones que requieren tiempo y recursos técnicos: modificación de puertas, instalación de sensores, mejoras de nivelación, o implementación de sistemas de comunicación avanzados. Todo ello suponía una carga adicional que podía ralentizar aún más las reparaciones.
Impacto en las comunidades de propietarios
Para las comunidades de vecinos afectadas, esta prórroga supone un alivio económico y organizativo. En lugar de verse obligadas a realizar mejoras inmediatas para cumplir con la nueva normativa, podrán centrar sus esfuerzos en restaurar el servicio básico de los ascensores dañados.
Además, con la ampliación del plazo para corregir defectos leves detectados en inspecciones, muchas comunidades podrán organizar mejor sus intervenciones, escalonarlas en el tiempo y evitar sanciones por incumplimiento no intencionado.
No obstante, es importante recordar que esta moratoria no implica que los ascensores puedan operar con riesgos graves. Los requisitos mínimos de seguridad siguen vigentes, y cualquier aparato que represente un peligro debe ser inmovilizado o reparado con carácter inmediato.
Coordinación institucional
La medida ha sido fruto de una estrecha colaboración entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana, las patronales del sector, las asociaciones de ascensores y los colectivos que representan a personas con discapacidad y personas mayores.
Se han establecido reuniones semanales para monitorear el avance de las reparaciones, identificar cuellos de botella y buscar soluciones efectivas en tiempo real. Esta coordinación ha permitido priorizar casos críticos y optimizar el uso de recursos humanos y técnicos.
Hacia infraestructuras más resilientes
Aunque la moratoria se ha presentado como una solución temporal a una situación de emergencia, también ha abierto la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo diseñamos y mantenemos nuestras infraestructuras.
La DANA ha dejado claro que muchas instalaciones no estaban preparadas para afrontar fenómenos meteorológicos extremos. En el caso de los ascensores, la ubicación de los cuadros eléctricos, la falta de estanqueidad en los fosos y la ausencia de planes de contingencia han sido factores determinantes en los daños sufridos.
Por ello, se está trabajando en varias líneas:
- Revisión de los estándares de diseño de cuartos de máquinas y fosos.
- Fomento de sistemas de protección eléctrica y drenaje en edificios vulnerables.
- Capacitación de técnicos en escenarios de emergencia climática.
- Estudio de nuevas normativas más adaptadas a los efectos del cambio climático.
Formación y profesionalización del sector
Uno de los desafíos clave que ha dejado al descubierto esta crisis es la falta de personal cualificado en el sector del mantenimiento de ascensores. A pesar de ser un sector con alta empleabilidad, no siempre cuenta con los recursos formativos suficientes ni con programas específicos de formación en situaciones de emergencia.
Por ello, desde las administraciones públicas y las asociaciones profesionales se están impulsando nuevas iniciativas:
- Programas de formación específica en reparación de ascensores tras siniestros.
- Incentivos para jóvenes que quieran incorporarse al sector.
- Refuerzo de la colaboración entre empresas de mantenimiento y centros de formación profesional.
¿Qué pasará después de 2026?
El nuevo calendario sitúa julio de 2026 como la fecha límite para que los ascensores en la Comunitat Valenciana se adapten a la nueva normativa estatal. Aunque los propietarios y comunidades de vecinos dispondrán de este plazo adicional, se recomienda no esperar al último momento.
Una vez superada la emergencia provocada por la DANA, la atención deberá centrarse en:
- Realizar inspecciones técnicas detalladas de todos los ascensores en funcionamiento.
- Establecer planes de inversión gradual para acometer las reformas necesarias.
- Solicitar ayudas públicas disponibles para obras de accesibilidad y eficiencia energética.
Las comunidades que actúen con previsión podrán evitar sanciones, mejorar la seguridad de sus vecinos y aumentar el valor patrimonial de sus inmuebles.
Conclusión
La moratoria aprobada por el Gobierno supone un ejercicio de realismo, empatía y responsabilidad. Frente a una situación extraordinaria como la causada por la DANA, las autoridades han optado por priorizar la seguridad básica y la accesibilidad inmediata antes que imponer nuevas exigencias técnicas.
Esta medida, no obstante, no debe entenderse como una renuncia a la modernización de los ascensores. Al contrario: es una oportunidad para reflexionar, planificar e implementar mejoras de forma ordenada, inteligente y con la vista puesta en un futuro donde las ciudades sean más resilientes, accesibles y seguras para todos.
